La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha desbloqueado un nuevo
capítulo en la batalla contra los combustibles fósiles al afirmar que quiere recuperar el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).
Ribera destacó la
relevancia del “fondo verde” como una herramienta fundamental, “bien
diseñada”, para impulsar la electrificación de la demanda,
especialmente en sectores como el transporte y los usos térmicos. Sin
embargo, la ministra, consciente de las incertidumbres actuales marcadas
por la volatilidad de los precios de la energía, también reconoció que todavía no es el momento para activarlo.
El ‘fondo verde’, criticado intensamente por sectores como el
petrolero y el gasista, fue lanzado por el Gobierno en 2020 con el
objetivo de articular una herramienta que trasladara del sistema eléctrico al conjunto de los usos energéticos el coste anual de alrededor de 7.000 millones de euros asociado a primas e incentivos a las renovables.
De esta manera, según la memoria económica que acompañaba al anteproyecto de ley, el sector del petróleo cargaría con la financiación de más del 40% de las primas a las energías renovables para 2025.
No obstante, la tramitación del fondo se vio aplazada
en el Congreso de los Diputados en 2022, tras el estallido de la guerra
de Ucrania y el inicio de una crisis energética debido al aumento en el
precio del gas natural.
La electrificación se ha convertido en el núcleo estratégico
para lograr los ambiciosos objetivos de descarbonización e integración
de energías renovables en España. En 2023, más del 50% de la
electricidad en el país procedía de fuentes renovables, marcando un hito
histórico.
Destacando la necesidad de la electrificación, la Asociación de
Empresas de Energías Renovables (APPA) ha resaltado su importancia al
sustituir directamente consumos fósiles, contribuyendo así a los
objetivos de descarbonización, aumento del uso de energías renovables y
reducción de las importaciones de combustibles fósiles, que superaron los 90.000 millones de euros en 2022 debido a los altos precios.
Asimismo la urgencia de establecer la electrificación como un objetivo estratégico en España, señalando la contracción del 2,4% en la demanda eléctrica en 2023, junto con vertidos de electricidad renovable y altos niveles de importación de combustibles fósiles.
Sin embargo, a pesar de los avances en la generación eléctrica
renovable, es crucial impulsar tecnologías como la bomba de calor y el
vehículo eléctrico. España, rezagada en comparación con otros países
europeos, registra solo el 5% de las ventas de vehículos eléctricos y ocupa el quinto lugar en ventas de bombas de calor.
A nivel europeo, la Unión Europea ha establecido objetivos ambiciosos para elevar la cuota de energías renovables al 42,5% para 2030.
Los Veintisiete respaldan esta iniciativa, reconociendo la importancia
de acelerar la integración de renovables en sectores rezagados como el
transporte, la industria y la calefacción urbana.
La nueva directiva ofrece a los Estados miembros la flexibilidad de
elegir entre la reducción de gases de efecto invernadero en el
transporte o el aumento de la participación de energías renovables en el
sector, estableciendo cuotas específicas para biocombustibles avanzados y combustibles renovables.
En
definitiva, aunque la activación de la propuesta de Teresa Ribera se
posterga temporalmente debido a la volatilidad de los precios
energéticos, la necesidad de electrificación y la búsqueda de
alternativas sostenibles siguen siendo fundamentales para alcanzar los
objetivos de descarbonización y uso de energías renovables en España
